Cada vez que hay una masacre en Estados Unidos, surge la misma pregunta: ¿cuándo se pondrá coto a la venta de armas de fuego cuando ya hay 300 millones en manos privadas que causan 30 mil muertos al año?
Hasta ahora, las matanzas más sonadas –la de la Universidad de Virginia (2007), con 32 muertos; la de Tucson (2011), donde la congresista Gabby Giffords se salvó por milagro de engrosar la lista de seis víctimas fatales; y la de Colorado (2012), cuando asesinaron a 12 asistentes al estreno de Batman– desataron una fuerte pero momentánea indignación. Parece que esta vez, el peso de los 20 niños asesinados, junto a seis adultos, en la escuela de Newtown haría que el reiterado debate entre el derecho a la vida y el derecho a poseer armas de fuego se salde a favor de las restricciones.
Amén de la posición presidencial –"la legislación no evitará la maldad, pero si podemos dar pasos para evitar que se repitan tragedias", dijo Barack Obama–, políticos de distinto cuño se mostraron partidarios de reducir las armas de fuego en manos civiles en un país donde más de un millón de personas murieron a tiros en los últimos cuarenta años.
Al alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, líder de un grupo de alcaldes opuestos a la posesión de armas de fuego que opina que "esto se debe acabar hoy", se sumó la senadora Dianne Feinstein, quien en 1994 introdujo la ley que prohibió durante una década la venta a civiles de fusiles de asalto.
No sólo los demócratas y algunos republicanos alzaron la voz contra el gran negocio de los fabricantes de armas. Incondicionales del mayor lobby de esta industria, la Asociación Nacional del Rifle (NRA), como el senador Joe Machin, se declararon a favor de imponer mayores controles. Pero la tarea no será fácil para el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, designado por Obama para delinear las modificaciones que debería aprobar la Cámara de Representantes y el Senado.
En principio nadie se plantea tocar la segunda enmienda constitucional, que otorga desde 1791 el derecho de los civiles a la posesión de armas, sino restringir el tipo de armas y la cantidad de municiones. La posición más extrema plantea prohibir la venta de algunas armas de guerra, como los fusiles semiautomáticos tipo M-16 o el AK 47, y de cargadores de gran capacidad. Además, se obligaría a comprobar los antecedentes de los compradores en registros federales, una medida muy relativa, porque más del 40% de las armas se venden entre particulares.
Aun así se da por descontada una furiosa defensa de la libre tenencia de armas. Algunos legisladores proponen, incluso, que se siga el ejemplo de Michigan, que un día antes de la masacre autorizó la introducción de armas en las escuelas para que los maestros puedan defender a sus alumnos.
Los productores de armas de fuego, que según el FBI se han duplicado en la última década, están dispuestos a hacer lo que sea con tal de mantener un negocio que movió casi 32 mil millones de dólares en el 2011 y proporciona 210 mil empleos, con una remuneración media de casi 47 mil dólares anuales e impuestos por 500 millones.
Los estadounidenses tienen, en general, pasión por las armas de fuego. Poseen la mayor concentración de armas privadas del mundo, de las cuales la mitad las guardan en sus casas, provocando que los beneficios de Smith&Wesson, por ejemplo, crecieran 140% en los últimos tres años de crisis. De hecho, desde la masacre aumentaron las ventas del fusil AR15 (versión civil del M-16), el mismo que fue usado por Adam Lanza para atacar la escuela primaria Sandy Hook, y de sus cargadores de gran capacidad, ante el temor de que sean prohibidos, según la empresa proveedora, Nova Firearms.
La realidad que deben enfrentar los que se oponen a la venta de armas como la pistola Glock, que dispara diez balas por segundo, es que el 43% de los estadounidenses rechaza la implantación de mayores controles, según una encuesta realizada después de la masacre. "Tenemos que cambiar", predica Obama. Y sabe por qué lo dice. Para millones de estadounidenses, la protección de su familia y de sus propiedades, por los medios que sea, es un derecho inalienable que Dios le concedió al individuo y no al Estado.
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